¿Hacia dónde podría ir Venezuela?
por Guillermo Almeyra
Según el gobierno y sus voceros extranjeros, Venezuela enfrenta
ahora un intento de golpe de Estado fascista y proimperialista. Según los
conservadores de todo el mundo y la prensa del gran capital, estaríamos ante
legítimas protestas democráticas de masa, duramente reprimidas por una
“dictadura” socialista. La realidad es otra.
Un golpe de Estado es imposible dado que las fuerzas armadas
–incluso el sector más conservador de las mismas y los militares integrados en
la boliburguesía– apoyan la llamada “revolución bolivariana”; es decir, un
proyecto nacionalista y distribucionista con apoyo popular, un capitalismo de
Estado apoyado en la renta petrolera y envuelto en una retórica “socialista”,
un intento de dirección vertical, paternalista y burocrático de la economía que
intenta asentar al gobierno en una movilización de las mayorías y sólo
considera marginalmente las ganancias de los capitalistas. Aunque en vida de
Hugo Chávez el gobierno trataba mucho más de erguirse por sobre las clases
fundamentales pero apoyándose en los trabajadores, todavía hoy el aparato
estatal, en el que el factor más sólido son las fuerzas armadas, pese a sus
virajes y a su creciente conservadurismo, sigue siendo nacionalista “popular”.
Lo que presenciamos es la movilización desestabilizadora del
sector venezolano dirigido por Leopoldo López, del partido opositor Voluntad
Popular, que está estrechamente ligado al Tea Party, a la extrema derecha
estadunidense y mundial, a la oposición colombiana y sus representantes
militares y paramilitares dirigida por Álvaro Uribe. Dicho sector no acepta la
táctica de la mayoría de la oposición dirigida por Capriles que reconoce que el
gobierno es legal y cuenta con un apoyo mayoritario pero espera recoger en un
futuro próximo el descontento popular por la carestía, la inflación, la escasez
y la inseguridad y cambiar a su favor la relación de fuerzas sociales aplicando
demagógicamente un “chavismo sin Chávez”.
Los fascistas dirigidos por López y financiados por Estados Unidos
y Uribe no pueden esperar dos años hasta la realización de un referéndum
revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro (que, además, temen
perder como perdieron las elecciones anteriores). Sus movilizaciones
desestabilizadoras buscan presionar a la tendencia conciliadora existente desde
hace rato en las filas gubernamentales y al ala más conservadora de los
militares para lograr o un gobierno de unidad nacional al que se incorporasen
políticos proimperialistas o grandes empresarios, o un gobierno
técnico-militar, lo cual, en ambos casos, significaría el fin de la “revolución
bolivariana”. Esos sectores fascistas saben que en las fuerzas armadas existen
sectores integrados en la boliburguesía y otros que temen y reprimen al
movimiento obrero aplicando la idea stalinista de que toda huelga obrera
independiente del gobierno “socialista” es contrarrevolucionaria y por eso
acabaron a tiros con la huelga de los trabajadores de la Mitsubishi.
El gobierno de Maduro está desconcertado y, entre otros errores,
pasó de calificar de fascistas y agentes de Washington a todos los opositores
sin excepción, incluidos los que simplemente son conservadores, están engañados
o protestas con motivos concretos, a ceder a la presión del ala del chavismo
encabezada por el ex vicepresidente José Vicente Rangel, persona muy honorable
pero conciliadora, quien propuso e impuso un diálogo prácticamente
incondicional con las fuerzas sociales de la derecha al cual concurrieron los
sectores empresariales pero que fue rechazado por los partidos de la oposición.
Este alternarse entre las amenazas y acusaciones verbales de Maduro y las
necesarias medidas gubernamentales destinadas a separar el centro derecha de la
extrema derecha, le quita autoridad al presidente y deja a las bases chavistas
en la incertidumbre política.
Evidentemente, ni los empresarios creen posible un golpe que sólo
contaría con posibilidades de éxito si fuese respaldado por una invasión desde
Colombia o de los marines y que llevaría a la guerra civil con resultados muy
inciertos, ya que uniría a la mayoría de los venezolanos contra los agresores
ni los trabajadores quieren esa guerra.
De modo que la negociación política se impone, pero no a cualquier
costo, pues las conquistas sociales y los gérmenes de poder popular no sólo son
irrenunciables sino que también deben ser urgentemente consolidados y ampliados
como única garantía para la defensa de la soberanía popular y del país y como
única vía para salir de modo positivo de esta crisis económica y política.
Los gobiernos de Brasil y de Cuba, en particular, con el apoyo de
Bolivia y Ecuador y el tibio sostén argentino y uruguayo, tratan de ayudar al
gobierno venezolano a capear la crisis económica y de contrarrestar la presión
oficial de Washington a favor de la oposición ultrareaccionaria pero Maduro,
por sus oscilaciones y por sus declaraciones místicas, no es una figura muy
popular ni siquiera en esos países, donde Chávez contaba en cambio con gran
respaldo. Para colmo, hay una seria amenaza en el futuro, ya que Estados Unidos
podría lograr en cuatro años la autosuficiencia en combustibles y el petróleo
venezolano ya no le resultaría imprescindible. Por lo tanto, la garantía de la
“revolución bolivariana” y de la apertura de la vía para avanzar hacia el
socialismo consiste en la movilización de los trabajadores, su actividad
independiente, el desarrollo de las experiencias de poder popular y la alianza
entre ellos y los más democráticos en las fuerzas armadas para enfrentar los
intentos de alianza entre la vieja burguesía y la boliburguesía. Una vez más,
como en el Chile de Allende en los setenta, para consolidar hay que avanzar.