YPF: "Hoy más que nunca es relevante la regulación del sector"


por Alejandro Frías

El proyecto de ley por el que el Estado argentino expropia el 51 por ciento de las acciones de YPF, actualmente en manos de Repsol, será aprobado esta próxima semana por el Senado, pasando luego a ser analizado por la Cámara de Diputados. Para Lobo Suelto! Alejandro Frías consultó sobre su posición al diputado Claudio Lozano, dirigente de la CTA y representante del Frente Amplio Progresista.

"Nosotros desde siempre hemos estado en desacuerdo con el proceso de retiro del Estado del sector hidrocarburífero, perpetrado primero con los decretos desreguladores de Menem y luego con la privatización de YPF, por lo tanto, cualquier definición que implique un avance para recuperar el control sobre un recurso estratégico como el petróleo y, al mismo tiempo, brindarle al Estado mejores condiciones para captar parte de la renta extraordinaria asociada a este recurso, nos parece una medida razonable, más allá de que vemos que hay varias cuestiones que la rodean y que merecerían fuertes observaciones y críticas, además de que probablemente las cosas podrían haberse hecho de otro modo y no como se están haciendo", comenzó diciendo Lozano, y agregó: "Más allá de estás consideraciones y asumiendo que el gobierno nacional es responsable directo del proceso de saqueo que sobre el petróleo se perpetró en los últimos ocho años y del comportamiento que Repsol tuvo al interior de YPF, que es corresponsable de todo esto, nos parece un paso que abre una oportunidad de mejorar la situación en materia hidrocarburífera en el país".

- ¿Cuáles serían esas cuestiones que merecerían un análisis más crítico?
- Son varias. La primera es que la YPF que nosotros estamos recuperando hoy es una YPF menor a la que teníamos. Hoy representa el 34 por ciento de la producción de petróleo y el 23 de la producción de gas, con los cual, más del 60 por ciento del petróleo y más del 70 por ciento del gas están fuera del manejo de nuestra petrolera. En ese sentido, hoy es mucho más relevante que en otros tiempos la regulación del sector, y luego de haber explicado las cosas que está explicando el gobierno, la verdad es que no se entiende cómo se envía este proyecto sin alterar el marco regulatorio vigente. Lo que habría que hacer es derogar los decretos de desregulación del sector que pusiera en marcha Menem y habría que restituir la vigencia de los artículos 25 y 34 de la ley 17.319, que impiden la concentración de áreas de exploración y explotación en manos de un mismo concesionario, y hay que revisar las definiciones de la ley corta, es decir, hay que caminar hacia una nueva ley nacional de hidrocarburos, y sobre este punto no hay absolutamente nada en el proyecto. El segundo punto es que no hay tampoco precisión en el proyecto respecto del valor que se va a pagar por la compañía. El tercer tema que tampoco está puesto en el proyecto es que ese 51 por ciento que hoy se está incorporando no se vaya a modificar en el futuro, es decir, no que no pueda reducirse la participación estatal; hay que garantizar que esto no ocurra. El otro elemento que tampoco se entiende es por qué vamos sobre las acciones de Repsol y no sobre las de Eskenazi, que nos permitirían tener un 76 por ciento del capital accionario, y más asumiendo que es un grupo que sin poner un solo peso ha sido partícipe del proceso de desinversión que el propio gobierno está denunciando. Tampoco se entiende por qué, si lo que estamos conformando es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, se le quita esta categoría y se la quita de todo marco de control, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación. En el proyecto tampoco hay mención alguna al tratado bilateral de inversiones que tenemos con España y que habría que modificar. Hay varias cuestiones que nos parece que hay que agregar en esta discusión y que, lamentablemente, no están presentes en la propuesta oficial.

- En esta reducción de la participación de Repsol pero no de Eskenazi, ¿hay alguna intencionalidad en particular?
- Ahí están presente todas las dudas respecto del tipo de involucramiento en el negocio que tiene el propio gobierno a partir del comportamiento del matrimonio Kirchner, porque todo el mundo sabe que la incorporación del grupo Petersen sin poner un peso y estableciendo como marco que su participación accionaria se pague con las utilidades de la empresa es algo que se hizo bajo la bendición de Néstor Kirchner. Consecuentemente, está claro que no se toca esto por esta razón. Al mismo tiempo, todo el mundo sabe que Repsol es uno de los principales acreedores del grupo Eskenazi, con lo cual, si ahora Eskenazi no pagara el crédito que tiene sobre su cabeza, estas acciones volverían a mano de Repsol, que recuperaría el 25 por ciento. Lo que sí está claro es que son puntos oscuros, no vemos ninguna razón para que vayan por las acciones de Repsol y no por las de Eskenazi. En todo caso, uno puede no ir sobre aquellas partes del componente accionario que tienen que ver con la cotización en bolsa, pero aquello en que tiene que ver con la gestión de la empresa, francamente no hay ninguna razón para ir sobre uno y no sobre otro.
- ¿Cómo debe plantearse la futura administración de YPF?
- Esto tiene que ver con que lo relevante aquí, para poder tener una visión más clara de hacia adónde vamos, es el tema del cambio en el marco regulativo del sector, porque el problema que vemos es que no hay orientación para un grupo energético distinto, y la preocupación que tenemos es que si bien uno tiene un acuerdo con una medida que le transfiere al Estado el control sobre aproximadamente unos 1.500 millones de dólares de utilidades netas anuales, el tema es qué hacer con esto, porque nosotros creeemos que debería servir para ampliar la capacidad de exploración y explotación que en materia energética tiene la Argentina, y en tanto y en cuanto esto no sea expresamente establecido, puede terminar ocurriendo que simplemente sirva para poder importar hidrocarburos a precio internacional vendiéndolo más barato, consecuentemente, perdiendo las utilidades de la empresa, haciéndole cumplir un papel de subsidio a la actividad pero sin que resuelva en absoluto la posibilidad de una estrategia energética distinta. Dicho de otro modo, le estaríamos haciendo pagar a YPF un desvalance energético que tiene que ver con cómo funciona el conjunto del sector, incluyendo al resto de las firmas incluidas en él.
- Entonces, uno de los puntos sería reducir ese 60 por ciento de petróleo y 70 por ciento de gas que están fuera de la empresa.
- Por supuesto, ese es el punto por el cual hoy es mucho más importante la discusión. En la etapa en la que YPF era absolutamente monopólica, por lo tanto tenía un peso en el mercado mucho mayor, quien regulaba el mercado era YPF. Hoy efectivamente mantiene una posición dominante, porque tiene 34 por ciento de la producción de crudo y el 55 o 60 por ciento de lo que es comercialización, distribución y refinería, pero está claro que hay diversos actores que están involucrados en el negocio y que manejan la parte del mercado que en conjunto supera la de la propia petrolera, por lo tanto, hoy el marco regulatorio sigue siendo imprescindible, porque si el marco sigue siendo el mismo, corremos el riesgo de que YPF sea un rueda auxiliar de un capital privado que en la práctica sigue recibiendo los mismos beneficios, mientras nosotros transformamos esto en una suerte de caja de subsidios para sostener el precio interno del combustible y hacernos cargo de la importación a costos internacionales.
- En estos días se ha trazado más de una vez un parangón de lo que sucede con YPF y lo que pasó y pasa con Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo ve este cuadro?
- A mí me parece que son actividades que tienen ser manejadas por el Estado. En ese sentido, yo he estado de acuerdo con el avance en la expropiación de Aerolíneas del mismo modo en que estoy de acuerdo en este caso, pero, vuelvo a decirlo, si bien comparto esto y además no nos parecía correcto dejar caer la aerolínea de bandera, que era lo que iba a pasar dada la situación de quiebra en la que se encontraba, ciertamente lo que está en discusión acá es la acción gubernamental. Está claro que Aerolíneas no ha tenido un plan de trabajo. Su equipamiento, su ampliación, su desarrollo y su mejora no han sido las claves principales. Está claro que la proporción que tiene el rubro equipamiento en el subsidio global que Aerolíneas está recibiendo ocupa un papel minoritario. Además, el plan de inversiones de la empresa debería haberse presentado al Congreso pero jamás existió, o sea que hay problemas serios de gestión. Nosotros no compartimos la gestión del gobierno ni en materia de lo que hace con Aerolíneas ni con lo que hace respecto de hidrocarburos, aunque sí creemos que forman parte de pases que permiten reconstituir el papel del Estado.
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